Política de Oficiales

Los recientes escándalos del departamento de policía son el resultado de la creciente intervención del estado federal y de las prácticas de empleo racistas.

Por Dave Kopel y Mike Krause

Originalmente publicado en The American Outlook", May/June 2001. Ingles. 

En Septiembre del año pasado, el departamento de policía de Los ángeles (LAPD), se convirtió en el departamento policíaco más grande en la historia de los estados unidos en someterse al control del gobierno federal, a través de un decreto de consentimiento voluntario con el Departamento de Justicia de los estados unidos (DOJ). Esta clase de supervisión de los departamentos policiales locales ordenada por la corte, se esta convirtiendo en una solución cada vez mas frecuente a los escándalos de corrupción y brutalidad. Pero, como ilustra el escándalo de Los ángeles, la sobre-federalización es una de las causas principales del problema en primer lugar.

El escándalo de Los ángeles, el más grave de la larga y problemática historia del LAPD, comenzó en la División de Rampart, uno de los barrios mas peligrosos de Norteamérica. Rampart cubre ocho millas cuadradas colmadas de crimen al oeste del centro de Los ángeles. Con 375,000 residentes y 350 oficiales de policía, los barrios de Rampart poseen las más altas concentraciones de miembros de pandillas en todo Los ángeles: sesenta pandillas, que comprenden unos ocho mil miembros. La División de Rampart también es líder en la ciudad en homicidios, narcotráfico y arrestos por crímenes violentos.

En Agosto de 1998, el oficial de policía de Rampart, Rafael Pérez, fue arrestado por los cargos de robar ocho libras de cocaína de un cuarto de evidencias policiales. Justo antes de su segundo juicio, en Septiembre de 1999 (el primer juicio resulto en nulidad), Pérez pudo negociar por un termino de cinco años--en canje de divulgar información sobre lo que se convirtió en uno de  los peores escándalos de corrupción policial en la historia de Norteamérica. Pérez relató que muchos oficiales de Rampart plantaban drogas o armas en sospechosos inocentes,  hacían arrestos falsos con conocimiento, asaltaban a personas inocentes, disparaban armas de fuego a personas en forma ilegal, y se perjuraban  ampliamente. Algunos incluso robaron un banco.

Las consecuencias del escándalo en desarrollo han sido enormes. Más de cien condenas criminales han sido denegadas, con centenares más bajo revisión. Docenas de oficiales del LAPD han sido relevados del poder, suspendidos, despedidos o han renunciado, y muchos más están bajo investigación. Los oficiales han sido procesados por crímenes que van desde perjurio hasta intento de asesinato. En Septiembre de 1999, el Jefe del LAPD Bernard Parks dispuso un comité de investigaciones internas, el cual divulgó que también existían  problemas similares en la Central 77 y en las estaciones del Sureste.

Las presiones aumentaron cuando en Agosto del 2000 un juez federal decretó que el LAPD podría ser enjuiciado bajo chantajeo (Organizaciones Influenciadas por Chantajeo y Corrupción [RICO]) estatutos para violaciones a los derechos civiles. Bajo RICO, el periodo de un año de limitaciones de estatuto que normalmente se aplicaría, se extiende a diez años, y la deuda potencial de la ciudad de 100 millones se triplicaría. Para prevenir semejante desastre, en Septiembre, la ciudad de Los ángeles entro en un decreto de consentimiento con el Departamento de Justicia, permitiendo la supervisión federal del LAPD. El Departamento de Justicia a demandado o investigado a mas de una docena de ciudades, incluyendo Pittsburgh y Columbus, en la búsqueda de  decretos similares, pero el decreto de consentimiento de Los ángeles es inusual por dos razones. Primero, el LAPD es uno de los departamentos de policía metropolitanos mas grandes del mundo; y en segundo lugar, el rápido  sometimiento del departamento a las demandas federales fue bastante diferente al usual patrón local de lucha vigorosa contra la toma de control federal.

El caso de Rampart puede haber sido la historia de corrupción policial del año, pero Los ángeles no esta sola en estos problemas. En 1995, seis oficiales de policía de Atlanta fueron condenados o culpados de cargos de corrupción, y cinco otros fueron suspendidos. En Nueva Orleans, en 1994, mas de once oficiales de policía fueron condenados en un escándalo de distribución de cocaína y asesinato a sueldo. Entre 1992 y 1996, treinta policías del precinto numero 30 de Manhattan fueron condenados por crímenes, la mayoría de las ofensas relacionadas con narcóticos. Y la lista continua, incluyendo Detroit, Chicago, Miami, y Washington, D.C. Según un informe de 1998 de la Oficina General de Contabilidad (GAO),  de los 950 casos de corrupción conducidos por el FBI iniciados contra oficiales de la ley  entre 1993 y 1997, 640 resultaron en condenas.

Fomentando la Corrupción

Los hechos detrás del escándalo de Rampart nos ofrecen una explicación de lo que anda mal dentro de algunas organizaciones de la ley norteamericanas. Muchos de estos abusos dentro de la División de Rampart fueron cometidos por miembros de las unidades especiales anti-pandillas "Community Resources Against Street Hoodlums" (CRASH). Pérez era miembro de una de estas unidades especiales. Estas unidades CRASH fueron creadas al final de los '80 para terminar con la creciente ola de violencia de pandillas. Pero como el comité de investigación del LAPD noto, " el subcomité encontró una falta general de supervisión adecuada entre las unidades CRASH, [y] muchas otras unidades especiales parecen sufrir del mismo problema." Los oficiales de las unidades CRASH a menudo firmaban sus propias recomendaciones e informes de arrestos, aunque el LAPD requería que estos informes fueran firmados por sargentos u otros oficiales superiores.

También, a pesar del propósito expreso de las unidades anti-pandillas, muchos arrestos por parte de unidades CRASH eran generalmente arrestos relacionados con las drogas que no implicaban a gángsteres. "Esto sugiere una filosofía de productividad por el mero hecho de crecer en cantidad," observo el comité de investigación del LAPD. En la práctica, las unidades CRASH se degeneraron a algo mas que escuadrillas policiales autónomas. Los miembros de las unidades CRASH no eran mas experimentados o estaban mejor entrenados que los otros oficiales, y la corrupción de los incidentes de Rampart destaca los peligros que resultan de la creación de unidades especiales policiales fuera de la estructura normal de comando.

Esos problemas no son únicos de CRASH y Los ángeles. Chicago termino con sus Unidades Contra Crímenes de Bandas en el despertar de un escándalo de protección y distribución de drogas que  llego a las noticias en diciembre de 1998. En Albuquerque, el equipo de la ciudad de Armas Especiales y Tácticas (SWAT) fue desmantelado luego que un estudio de Sam Walker de la Universidad de Nebraska encontró que "el índice de matanzas por la policía estaba fuera de los índices generales." Y de nuevo, en Los ángeles a mediados de los '90, veintisiete diputados del sheriff fueron condenados por el lavado de millones de dólares de narcotráfico mientras trabajaban en una "unidad elite de narcóticos."

Es difícil creer que el escándalo de Rampart y otros desastres similares hubieran sido posibles sin la guerra contra las drogas. El plantar evidencia en las personas fue una de las mas frecuentes transgresiones de los oficiales de Rampart. Porque las leyes de drogas (como las leyes de armas) se presuponen en la criminalización por la mera posesión de un objeto pequeño, es bastante sencillo incriminar a las personas. En Rampart, la policía mintió no solo cuando testifico contra las personas que habían incriminado, sino también rutinariamente, para recolectar evidencia. El comité de investigación observo que "Los oficiales de las unidades CRASH de Rampart frecuentemente informaban que los sospechosos descartaban el contrabando tirándolo al suelo a solo unos pocos pies de distancia y claramente a la vista de los oficiales", aunque esto es obviamente un hecho poco probable.

La incriminación por posesión se hace aun más fácil por las severas penas por ofensas de posesión. Un demandado que ha sido incriminado puede abogar culpabilidad si la negociación va a resultar en una sentencia de menor término que la obligatoria de cinco -o quince- años que puede enfrentar si el acusado exige un juicio por jurado y el jurado termina creyendo la versión del oficial de policía. Incluso alguien tan poco perspicaz como el inspector Clouseau puede darse cuenta de que muchos informes de evidencias "tiradas a plena vista" son falsos. Por lo tanto, los comandantes de policía que aceptan tales informes, los abogados de distrito que procesan con esta evidencia, y los jueces que aceptan tales testimonios falsos están todos asistiendo con conocimiento, conductas policiales ilegales. Así se ensancha la esfera de la corrupción.

Debe notarse que el escándalo de Rampart fue descubierto solamente luego de que el oficial Pérez fue descubierto robando cocaína del cuarto de evidencia de la policía. El informe de 1998  de GAO muestra que "en promedio, mas de la mitad de los oficiales de policía enjuiciados como resultado de investigaciones por corrupción fueron condenados por crímenes relacionadas con las drogas."

Más pero no Mejor

Aunque las políticas de narcóticos pueden proveer la tentación a los oficiales de policía  de sus llenar sus bolsillos ilegalmente, un factor aun mayor es el proceso de empleo del departamento--y las políticas federales impuestas sobre ellos. El informe del comité de investigación del LAPD señalo esto en sus primeras palabras: "La principal causa de la falta de integridad en los oficiales de policía es la mediocridad." El informe, sin embargo, no identificaba las causas principales de la mediocridad policial--malas políticas de empleo: la expansión demasiado rápida del departamento de policía, sumado a discriminación racial y sexual en la contratación de empleados.

Cuando Dick Riordan hizo su campaña para alcalde de Los ángeles en 1993, prometió agregar tres mil  nuevos oficiales de policía. Riordan cumplió su promesa, inflando el LAPD a casi diez mil oficiales, con la ayuda de fondos federales. Pero ¿estaban todos estos nuevos oficiales calificados como aquellos actualmente empleados? --en un departamento ya oscurecido por la corrupción? En una encuesta a empleados del LAPD conducida por el comité de investigaciones, "En su gran mayoría los encuestados adjudicaron el bajo estándar de las políticas de empleo  como el factor principal del colapso de la integridad y los estándares éticos."

Los subsidios federales incluidos en la ley contra el crimen de 1994 de Clinton proveyeron los fondos para muchos de estos nuevos empleos. Además, el LAPD se mantuvo contratando mas rápido de lo que tendría, ya que el departamento  estaba obligado a prevenir los despidos o enfrentar la perdida de los fondos federales. Entonces, la ley del presidente Clinton de 1994 que agrega unos cientos de miles de oficiales de policías en las calles, podría ser descripta precisamente como un plan para dar armas mortales y poder de vida o muerte a cientos de miles de personas que no cumplían con los estándares para ser empleados como oficiales de policía en 1993.

Por supuesto que si hubiera habido una sobreoferta de candidatos altamente competentes, los subsidios federales para las contrataciones no hubieran causado ningún daño. Pero el numero de candidatos capacitados para trabajos de salarios entre los $20,000s y $30,000s dólares se ha estado reduciendo. Y para hacer peores las cosas, a la mayoría de los departamentos de policía de las grandes ciudades no se les permite contratar a los mejores candidatos. Tienen que descartar candidatos competentes de acuerdo a su raza o sexo, y contratar a candidatos menos competentes por tener varias de las características preferidas. En Los ángeles, por ejemplo, el LAPD mantiene cinco listas separadas para el empleo de civiles candidatos a policías: negros, hispanos, mujeres, Asiáticos/Isleños del Pacifico bilingües, y el resto. (La ultima categoría aparentemente incluye hombres blancos, hombres indios, y hombres monolingües Asiáticos/Isleños del Pacifico.)

Aunque muchos departamentos de policía voluntariamente discriminan sobre una base de raza sexo, las practicas de empleo del LAPD son diferentes en cuanto a que son el resultado de decretos de consentimiento previos,  cuya intención original era la de remediar la discriminación practicada en el pasado por el departamento. Actualmente el LAPD esta constituido por 14 por ciento de negros, 32 por ciento de hispanos, 5 por ciento de Asiáticos, y 18 por ciento de mujeres. Pero la diversidad racial del LAPD no ayudo a que el escándalo de Rampart no sucediera.

Las Minorías Pagan

Desafortunadamente, cuando los departamentos de policía discriminan en esta forma, los ciudadanos pobres y miembros de minorías son los que mas sufren. Un informe del año pasado del "Economic Inquiry"  por el economista de Yale, John Lott,  cuantificó el problema. Estudiando datos de 1987, 1990, y 1993 de una gran variedad de ciudades norteamericanas, Lott examino el efecto en los departamentos de policía de los decretos de consentimiento que imponían requerimientos de raza en la contratación de empleados. Encontró que la contratación basada en raza resulta en incrementos substanciales en los índices de crímenes. Presuntamente, estas prácticas de contratación bajan los estándares de idoneidad al permitir la contratación de candidatos que tienen menor educación, menor experiencia previa de empleo, y más problemas criminales o financieros en su propio entorno, y que son mas jóvenes que los que se encuentran en los departamentos en los cuales la raza no importa. Los efectos del resultado del aumento del crimen, se sienten mas severamente en las zonas altamente urbanizadas donde residen muchos ciudadanos pobres y miembros de minorías. Algo que agrava la disminución de la calidad de la policía es el hecho de que el típico decreto de consentimiento racial con el tiempo, aumenta el tamaño del departamento de policía en aproximadamente un tercio.

Los decretos de consentimiento que requieren contrataciones basadas en razas, por supuesto, son una forma legítima de remediar prácticas de empleadores que han sido confirmadas como discriminatorias. Pero cuando ciertas reparaciones son impuestas sobre los departamentos de policía, mas personas--especialmente y mas minorías urbanas--son violadas, robadas, asesinadas y victimizadas por la corrupción policial. Hasta que no aumente el numero de candidatos a oficiales de policía capacitados, el efecto inevitable de que las cortes impongan cuotas raciales a los departamentos de policía será el daño a los ciudadanos miembros de minorías.

Naturalmente, mientras las leyes y decretos federales causan mas caos en los departamentos de policía locales, la respuesta de los federales es la de presionar con mayor fuerza sobre políticas relacionadas al crimen. Ejerciendo el poder bajo la sección cinco de la Enmienda Catorce, en 1994 el congreso autorizo a la división de derechos civiles del Departamento de Justicia a levantar cargos contra abusos policiales locales que formaban un "patrón y practica" de violaciones a los derechos constitucionales. Bajo la nueva ley, el Departamento de Justicia  en 1997 inicio un juicio contra el departamento de policía de Pittsburgh, demandando que se designara un auditor independiente, la creación de un sistema de rastreo de oficiales, un informe escrito por los oficiales cada vez que se utilizara la fuerza, y un entrenamiento extra para oficiales que tienen un numero inusualmente alto de quejas por el uso de la fuerza excesiva. El litigio esta en camino y en la búsqueda de una orden similar para Columbus, Ohio, mientras una docena de otras ciudades están actualmente bajo investigación.

Sin embargo, los originales estándares de los decretos de consentimiento federales, aseguran que un esfuerzo por tratar a los oficiales problemáticos también causaría problemas a los no problemáticos. Un oficial que usa la fuerza un numero mayor de veces que un cierto numero durante un año--no importa cuan legalmente justificadas--debe ser "aconsejado" por un teniente. Asimismo, un oficial puede ser aconsejado, transferido, o enviado a re-entrenarse en base a un cierto numero de quejas contra el, incluso cuando todas las quejas son anónimas y ninguna de ellas es comprobada como veraz.

Entonces, aunque la ley federal de 1997 es legitima en principios, uno no debería esperar mucho de ella. El Departamento de Justicia había estado investigando el LAPD desde 1996 y fallo en descubrir los abusos de Rampart, ni hablar de frenarlos. Ni siquiera parece que el Departamento de Justicia  estuviera seleccionando sus blancos basándose en los estándares de estatuto de "patrones y prácticas". En Columbus, por ejemplo, el Departamento de Justicia esta tratando de poner al departamento de policía bajo orden judicial basados solamente en tres casos de mala conducta.

Las reformas estructurales al LAPD (el comité de investigación por si solo hizo mas de cien recomendaciones) y el descuido federal pueden ayudar, pero no pueden tratar los problemas de calidad causados por los subsidios federales para la contratación de oficiales de policía y para las discriminaciones raciales y sexuales. Entonces, la única solución a largo plazo va a ser que los departamentos de policía dejen de enfocarse en cantidad y empiecen a mejorar la calidad de los nuevos empleados policiales.  El plan del presidente Bush de permitir el vencimiento de los subsidios temporales de Clinton para la contratación de oficiales de policía representa entonces un paso adelante en políticas policiales.

Dave Kopel es el director de investigación del Independence Institute. Mike Krause es un investigador asociado del Independence Institute (www.independenceinstitute.org)